Padrón por Derecho

Este informe denuncia la vulneración sistemática del derecho al empadronamiento de personas migrantes en España. A pesar de que la ley garantiza este derecho con independencia de la situación administrativa o habitacional, muchos ayuntamientos imponen requisitos ilegales (como contratos de alquiler o permisos de residencia), generando retrasos y denegaciones arbitrarias.

Esta exclusión administrativa tiene consecuencias devastadoras: impide el acceso a la sanidad, la educación, las ayudas sociales y la regularización migratoria (como el arraigo). Como resultado, ha surgido un mercado negro donde redes criminales venden empadronamientos fraudulentos, explotando la desesperación de los migrantes.

El problema trasciende lo administrativo, constituyendo una forma de racismo institucional que perpetúa la exclusión, distorsiona la planificación pública y socava la legitimidad democrática. El informe urge a implementar mecanismos de control, formación del funcionariado, protocolos claros y sanciones para garantizar el cumplimiento de la ley y el acceso universal a este derecho fundamental.

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